El 13 de julio, el Secretario de Estado activó un plan diplomático para “desmantelar” el estamento central del sistema de justicia mundial por considerarlo una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense. El anuncio del Canciller de Venezuela desató suspicacias: “Muy obedientes apoyando la campaña de Trump y Rubio. (…). Denunciaron la Convención Americana de Derechos Humanos, ahora el Estatuto de Roma, acciones a favor de la impunidad y graves violaciones de derechos a la población”, advirtió Marino Alvarado, activista. La ONG Laboratorio de Paz resaltó que la retirada, sin embargo, no es inmediata, pues el artículo 127 del Estatuto de Roma establece que la denuncia surte efecto un año después de que el Secretario General de la ONU reciba la notificación
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