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“Me enteré de que sería deportado a África apenas unas horas antes del vuelo. Nadie me lo notificó; lo descubrí yo mismo por casualidad al alcanzar a ver mi nombre en la lista de personas que, sin saberlo, seríamos trasladados a Liberia, un país del que nunca antes había oído hablar. No tuve tiempo de defenderme legalmente ni de despedirme de mi familia. No pude hacer nada: ya estaba todo decidido”.
C. es un venezolano de 36 años que llevaba cinco años viviendo y trabajando en Estados Unidos. El 19 de agosto, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lo embarcaron en un vuelo chárter que despegó desde Alexandria, Luisiana, deportándolo a Liberia, en África Occidental, junto a otros ciudadanos procedentes de América Latina, el Caribe y el África subsahariana. Se trata del primer grupo de las cerca de 1.200 personas en total que el Gobierno liberiano de Joseph N. Boakai aceptó recibir en el plazo de un año mediante uno de los mayores acuerdos bilaterales suscritos por la Administración Trump en el marco de su política antiinmigración.
A la llegada a la capital, Monrovia, de las 20 personas destinadas a Liberia, seis se habrían negado a bajar del avión y fueron deportadas posteriormente a Malabo, en Guinea Ecuatorial. Las personas que se quedaron en Liberia, como C., llevan más de una semana pasando los días en un hotel de Marshall —una ciudad costera a unos 50 kilómetros de la capital— adonde fueron trasladadas justo después del desembarco y del que nadie sabe cuándo saldrán.
Pasó toda su vida en la región de los Andes venezolanos y salió en 2021, acorralado por la crisis política y económica. “Como opositor político, arriesgué mucho en mi último año allá. Huí de Venezuela porque estuve a punto de que me mataran”, relata. Una vez en EEUU, obtuvo un permiso de residencia temporal con renovación anual que le permitía trabajar legalmente en el país.
“De día trabajaba en la venta de vehículos y por las noches entregaba comida a domicilio. Llevaba una vida normal, respetando la ley”, cuenta. “Un día de diciembre de 2025, me presenté en las oficinas de inmigración para los controles de rutina. Después de una media hora, me dijeron que me iban a detener, que tenían que hacer una investigación especial sobre mi caso y que me mantendrían en custodia durante las dos semanas siguientes hasta tomar una decisión”. Esas dos semanas se convirtieron en ocho largos meses de detención administrativa que terminaron en un traslado forzoso a un país con el que C. no tiene ningún vínculo familiar ni legal, y del que ni siquiera conoce el idioma.
“En ocho meses me trasladaron por nueve centros de detención diferentes. Son lugares donde nadie querría estar: sucios, llenos de ratas. Son centros donde también hay personas que han cometido delitos, pero yo soy inocente”. Lo que más lo conmueve es no haber podido ver nacer a su único hijo. “Cuando nació, yo ya estaba detenido. Ahora tiene cinco meses y no puedo abrazarlo; solo puedo verlo por videollamada. Son cosas que no se le desean a nadie”.
El poco consuelo que le queda es que, a diferencia de otros deportados en África, no ha terminado en una prisión. El gobierno liberiano aseguró que las personas deportadas a Liberia serían libres de moverse por el país, solicitar asilo allí o marcharse.
A., otro venezolano de 45 años deportado a Liberia, cuenta que antes de ser expulsado de EE UU fue trasladado por cuatro centros de detención diferentes en cuestión de pocos meses, sin que su abogado fuera informado en ningún momento de los traslados ni de su deportación. “Todo empezó cuando, al principio de este año, fui con mi esposa a la oficina de inmigración para el chequeo de rutina. Ambos contábamos con la protección contra la repatriación a Venezuela y teníamos el récord limpio [sin antecedentes penales]. Sin embargo, a ella la dejaron ir y a mí me detuvieron para después expulsarme”, relata el hombre, que trabajaba en el sector de la energía eólica.
Durante los meses de detención, relata, sufrió fuertes ataques de ansiedad y depresión. Cuando lo embarcaron en el vuelo hacia Liberia, temió que quisieran acabar con su vida. “Estaba en pánico. Los agentes del ICE tienen ese poder: te aterrorizan psicológicamente con sus silencios, sus respuestas vagas y sus malos tratos”, cuenta A. “Cuando llegamos frente al avión intenté resistirme, pero el agente me frenó de inmediato: ‘O te subes colaborando o te subimos a la fuerza’. Apenas nos sentamos adentro, todos rompimos a llorar. Nos tuvieron encadenados de pies y manos durante todo el viaje [que duró unas 15 horas]”.
Al igual que gran parte de las personas deportadas a Liberia, A. también tenía esta protección. Cuando inicialmente le dijeron que lo repatriarían a Venezuela, respondió que no era posible, que allá correría el riesgo de ser perseguido por ser opositor político. “Me contestaron: ‘Ya no arriesgas nada. Venezuela ahora es libre’, pero no es libre para nada. Amigos míos de la oposición que viven allá todavía temen por su seguridad”.
“Desde que me deportaron, mi hija está en terapia. Siempre me pregunta: ‘Papá, ¿por qué estás allá? Tú no hiciste nada’”, dice A. y rompe a llorar. “Mi hijo mayor dice que quiere dejar la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a la familia en mi ausencia. Trato de estar presente con mis hijos por videollamada, pero la realidad es que somos una familia traumatizada. Están destruyendo familias enteras”. A. teme ahora que el ICE detenga también a su esposa. “Si se la llevan a ella también, mis hijos quedan desamparados; no tienen a nadie allá aparte de nosotros”, dice. “Yo ya no quiero vivir en EE UU. Prefiero pedir asilo en Europa y llevarme a toda mi familia. Lo lograron: me quitaron el deseo de volver. Si antes no creía en la política, ahora ni siquiera me queda fe en los seres humanos”.
