Venezuela tiene una deuda electoral pendiente. Así lo planteó el experto en organización electoral Humberto Villalobos en una entrevista en el programa Noche D de TalCual, en la que detalló los componentes de una propuesta para construir un sistema electoral confiable en el marco de una eventual transición democrática.
Villalobos, quien lideró la estructuración de la red de testigos conocida como Red 600K durante las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 —que permitió documentar cerca de 85% de los votos emitidos y contrastar los resultados con los proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)—, advirtió que renovar el árbitro electoral no es suficiente. «Hace falta más», dijo, y enumeró los problemas estructurales que, a su juicio, comprometen cualquier proceso comicial en el país.
Uno de los principales focos de su diagnóstico es el Registro Electoral. Villalobos señaló que el padrón actual no refleja la realidad demográfica del país: hay entre cinco y seis millones de venezolanos menores de 30 años que aún no han podido inscribirse; al menos cuatro millones de personas que residen en el exterior siguen registradas en centros de votación dentro del territorio nacional; y otros dos millones no han podido actualizar su domicilio electoral.
A esto se suma lo que el experto llama «ingeniería electoral»: una modificación sistemática de la estructura de los centros de votación, acumulada desde el año 2000, que ha ubicado a no menos de 25% de los centros en locaciones de difícil vigilancia y donde, históricamente, la administración de Nicolás Maduro obtiene resultados desproporcionadamente altos respecto al resto del país.
«No sirve revisar el último registro. Es una cosa que ha sido muy ingeniosa», afirmó Villalobos. «Solucionarlo implica revisar de verdad el registro sin las limitaciones que hemos tenido hasta el día de hoy».
Empadronamiento electoral paralelo
Para atender esa brecha, el grupo que lidera Villalobos puso en marcha un proceso de empadronamiento ciudadano que, en las últimas semanas, ha registrado a un millón y medio de personas. Cuentan con unas 40.000 personas activadas para el trabajo de campo, de las cuales 15.000 están muy activas, y se apoyan en la estructura construida durante las primarias opositoras y ratificada el 28 de julio.
La siguiente fase prevé incorporar tecnología de verificación biométrica: el sistema compararía el rostro del usuario con la fotografía de su cédula de identidad o pasaporte, un mecanismo similar al empleado por las embajadas estadounidenses en procesos de visado. La meta es alcanzar entre 10 y 15 millones de registros en esta primera etapa.
«Yo soy arquitecto. Eso es el equivalente a ser el anteproyecto del trabajo. No es la casa, es el anteproyecto. Pero ese anteproyecto es el que va a definir los cimientos de lo que va a ser el nuevo registro electoral», explicó. El tamaño objetivo del padrón, según sus cálculos, debería ser de no menos de 24 millones de personas.
Una tensión evidente es que si este proceso se plantea construir un nuevo sistema electoral con reglamentos especiales y autoridades distintas a las establecidas por la ley vigente, ¿no significa eso actuar, al menos parcialmente, fuera del marco constitucional para intentar volver a él?
Villalobos no eludió la pregunta. Reconoció que la legislación electoral venezolana fue diseñada para responder a los intereses de una gestión específica y que intentar encuadrar una transición dentro de esas normas sería inviable. La salida, dijo, pasa por los llamados procesos de posguerra: marcos electorales construidos por consenso tras situaciones de ruptura institucional, que no se rigen por las leyes anteriores sino por principios reconocidos internacionalmente como inalienables.
«En las elecciones de posguerra, lo más importante no son las leyes anteriores. Lo más importante es que lo que propones respete leyes reconocidas a nivel mundial, que son las imprescindibles», afirmó. Mencionó como referentes los procesos postconflicto de Centroamérica y los países balcánicos. Propuso, en ese sentido, que se apliquen reglamentos especiales diseñados para solamente ser utilizados en estos primeros procesos electorales.
La carpintería pendiente
Amaya también cuestionó uno de los aspectos logísticos más complejos: cómo garantizar la participación de los millones de venezolanos en el exterior cuando la ley solo contempla el voto presencial en espacios consulares, muchos de ellos con capacidad física mínima, y con la Cencillerí decidiendo quién puede participar y quién no según papeles migratorios. Villalobos reconoció el problema y señaló que el empadronamiento en curso busca precisamente determinar dónde están concentrados esos cuatro millones de venezolanos para definir centros de votación en ciudades con más de 5.000 electores venezolanos. Actualmente, dijo, ya tienen casi 300 ciudades inscritas. Esos centros, aclaró, no tendrían que ser necesariamente embajadas o consulados.
Sobre la viabilidad política de la propuesta, Villalobos fue claro en el orden de prioridades: primero, los grupos opositores que ya forman parte de este esfuerzo; segundo, la administración de Estados Unidos; y tercero, solo una vez consolidados los dos pilares anteriores, el actual gobierno
