El jueves, Heidy Loicett, líder del partido de oposición Vente, se encontraba bajo una lona azul en una acera de Portuguesa, un estado situado a unos 440 kilómetros de la zona del desastre, mientras la gente pasaba con diversos artículos como pañales, agua embotellada y ropa usada. La policía también se acercó, según relató.
Varios agentes de la Policía Nacional venezolana y funcionarios de la agencia federal de Protección Civil intentaron clausurar la campaña benéfica, explicó en una entrevista telefónica tras el incidente, añadiendo que le dijeron que todas las donaciones debían canalizarse a través del gobierno federal.
“Nos dijeron que no podíamos tener un centro de donaciones, que el único centro autorizado para recibir donaciones era Protección Civil y el gobierno”, dijo la Sra. Loicett. “Eso fue persecución política”.
La disputa sobre quién debe atribuirse el mérito de la ayuda humanitaria prestada a la nación devastada por el terremoto pone de relieve una batalla mucho mayor y de alto riesgo por la supervivencia política en una Venezuela fracturada.
La semana pasada, Venezuela sufrió dos devastadores terremotos que dejaron más de 1.400 muertos, apenas seis meses después de que el ejército estadounidense invadiera el país y derrocara al expresidente Nicolás Maduro. Los críticos temen que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, politice la tragedia, utilizando la respuesta al desastre para legitimar su posición en un momento crucial.
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