Vecinos que removían escombros con sus propias manos, estudiantes convertidos en rescatistas, médicos improvisando hospitales de campaña, iglesias, universidades y organizaciones comunitarias coordinando centros de acopio. En pocos días comenzó a surgir una fuerza social cuya importancia trascendería con mucho la emergencia.
Con el paso de los años, numerosos investigadores han señalado que aquel terremoto fue también un punto de inflexión en la historia de la sociedad civil mexicana. Muchas de las organizaciones vecinales y de damnificados nacidas en aquellos días sobrevivieron a la reconstrucción y se convirtieron en actores permanentes de la vida pública.
La experiencia de organizarse, deliberar, distribuir ayuda y exigir respuestas al Estado fortaleció una ciudadanía que, durante las décadas siguientes, desempeñaría un papel cada vez más relevante en la democratización del país.
No fue la tragedia la que produjo ese cambio. Fue la respuesta de la sociedad frente a la tragedia. La solidaridad dejó de ser únicamente un gesto de ayuda para convertirse en una experiencia de organización, confianza y acción colectiva.
Miles de personas descubrieron que podían resolver problemas comunes sin esperar instrucciones desde arriba, y ese aprendizaje terminó modificando la relación entre los ciudadanos y el poder.
Venezuela atraviesa hoy una emergencia que inevitablemente invita a recordar aquella experiencia. No porque ambos países sean iguales ni porque la historia vaya a repetirse como copiada en papel carbón, sino porque las grandes catástrofes suelen abrir posibilidades que permanecen ocultas en tiempos normales, y que los sociólogos califican como «cisnes negros».
Revelan las fortalezas y debilidades de las instituciones, pero también la capacidad de una sociedad para organizarse, cuidar de los más vulnerables y construir respuestas desde abajo.
Sin embargo, esa posibilidad depende de una condición fundamental: que exista espacio para la iniciativa ciudadana. Allí aparece una diferencia importante con la Venezuela actual.
Durante años, las autoridades han promovido un modelo que mira con desconfianza a las organizaciones independientes, restringe el espacio cívico y procura concentrar bajo control estatal buena parte de la acción social.
Existe el riesgo de que la solidaridad espontánea sea tratada como una competencia política en lugar de ser reconocida como un aliado indispensable para enfrentar la emergencia.
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Las próximas semanas serán decisivas. Tras las labores de búsqueda y rescate vendrá una etapa mucho más larga y compleja: la reconstrucción de viviendas, comunidades y proyectos de vida.
Ningún Estado, por eficiente que sea, puede asumir esa tarea en solitario. La experiencia internacional demuestra que las recuperaciones más exitosas son aquellas que incorporan a vecinos, organizaciones sociales, universidades, iglesias, gremios y voluntarios como protagonistas de la reconstrucción.
Esa fue la principal lección que dejó México hace cuatro décadas. Las catástrofes no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos; también pueden acelerar el nacimiento de una sociedad civil más fuerte, con mayor autoreconocimiento de sus propias capacidades.
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